A quiénes y por qué vigila Peña Nieto

México.05.Jul.2017.- The New York Times, en conjunto con diferentes organizaciones y la Universidad de Toronto, documentaron los ataques del programa Pegasus, comprado por el gobierno mexicano a la empresa israelí NSO Group.

La noticia se conoció el pasado junio, la vigilancia ilegal que supone al presidente Enrique Peña Nieto (EPN) como responsable. Involucra a diversos actores vinculados a temas que atentan o de alguna forma son críticos a su gobierno. 

Estos asuntos en su mayoría, tienen que ver con casos de abusos de poder, violación de derechos humanos y hasta muertes de estudiantes, periodistas o activistas que denunciaron, salieron en defensa o reclamaron algún tema social, sensible al pueblo mexicano.

A pesar de que la ley mexicana, dice que solo un juez federal es el único que puede autorizar la vigilancia de comunicaciones privadas y solo si demuestran que tienen un caso bien armado para realizar dicho pedido.

"¿Cómo puede ser posible que un juez autorice vigilar a alguien que se dedica a la protección de los derechos humanos?" dijo Eduardo Guerrero, un exmiembro del Centro de Investigación y Seguridad Nacional de México, una de las agencias gubernamentales que utiliza el programa espía Pegasus. 

Según el diario neoyorquino, en el 2011, al menos tres agencias federales mexicanas han gastado alrededor de 80 millones de dólares en estos softwares de espionaje.  

Recordemos que Pegasus, es un sistema de rastreo móvil que puede vigilar de manera invisible todo lo que una persona hace con su teléfono. Puede rastrear todas las conversaciones, correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas, calendario, las teclas que se pulsan, los detalles bancarios revisados y el punto de localización actual.

Entre los afectados por este plan de espionaje se encuentra Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, (Centro Prodh) posiblemente uno de los más respetados de México. Junto a él, Santiago Aguirre y Stephanie Brewer, una abogada estadounidense, quienes llevan el caso sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, o el caso de Tlatlaya del estado de México, donde 22 personas fueron asesinadas y que se cree que fueron ejecutadas por el ejército en 2014. 

Dicha Organización también lleva el caso de las mujeres de Atenco un grupo de once estudiantes universitarias, activistas y vendedoras de mercado que la policía arrestó hace casi una década, durante las protestas sucedidas en el pueblo de San Salvador Atenco. 

Las víctimas fueron sometidas a brutales abusos sexuales mientras las trasladaban a la cárcel. El caso cobro notoriedad ya que el gobernador de ese momento era Peña Nieto y fue el mismo quien ordenó la represión en contra de los manifestantes. 

El economista Juan Pardinas del Instituto Mexicano para la Competitividad quien ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, el cual fue vetado por EPN, argumentando que aquello requería de un estudio más profundo. Pardinas también había presentado un estudio sobre los costos políticos y económicos de la corrupción en México, esto lo demostró con hechos y cifras y dejo al descubierto de que la corrupción es la culpable de incapacitar al país.

Además llegó a usar un tono casi jocoso al decir que el gobierno gastaba más en comprar café, que en el presupuesto de la oficina para combatir la corrupción.

El periodismo es el área más castigada, sumado a la persecución que reciben varios trabajadores del medio, como es el caso de los comunicadores, Carlos Loret de Mola y Carmen Aristegui. Esta última denunció que su hijo de 16 años Emilio Aristegui fue vigilado de manera ilegal a través de este software. 

Cabe recordar que actualmente en México, suman seis los periodistas asesinados.

Por otra parte y a pesar de los documentos presentados NSO Group, no ha condenado ni ha reconocido que haya abuso de su software, pese a las evidencias de que sus herramientas tecnológicas fueron utilizadas en contra de ciudadanos comunes y sus familias.

Lo cierto es que por estos meses más personas denunciaron haber recibido mensajes de texto sospechosos, y estos fueron confirmados estar ligados con el programa espía de NSO Group. Vale aclarar que estas denunciantes no eran criminales ni terroristas...