El próximo mes de agosto, Argentina hará las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (las PASO). Es un método de selección de candidatos para cargos públicos nacionales y también la forma de habilitarlos para que puedan competir por los mismos. 

En este proceso, básicamente una o más listas de precandidatos sin importar que pertenezcan al mismo partido compiten entre sí, y de esa elección saldrá el candidato que representará a la organización en las elecciones nacionales, siempre y cuando haya obtenido el porcentaje requerido de votos.

Si bien el fútbol es uno de los temas que frecuentemente coloca a los argentinos dentro de las noticias a nivel mundial, por estos días la política tomo el protagonismo e instaló una discusión picante, esto sucedio luego de que dos precandidatos, actualmente en proceso de campañas electorales anunciaran su renuncia a la protección que otorga la Ley de Fueros e instaron a sus iguales a seguir el ejemplo.

Esta ley originalmente, es una protección para quienes actúan en el ámbito legislativo y esta garantizado por el articulo 69 de la Constitución Nacional Argentina y establece que sólo se podrá arrestar a un Diputado o Senador en caso de ser sorprendido in franganti en un delito. Otra de sus funciones es mantener la división de poderes, impidiendo que se encarcele a miembros de las otras ramas del Estado por cuestiones políticas.

El politólogo argentino Andy Tow entiende que esta ley asegura a los miembros del Congreso e incluso también al presidente, vicepresidente, ministros y otros, la posibilidad de llevar adelante su trabajo sin impedimentos. Asegura que sin los mismos, un presidente podría impulsar que se arreste a legisladores que obstaculicen sus proyectos, o un juez podría mandar a arrestar a un presidente con cuya política no acuerde y esto implicaría situaciones de golpe de Estado institucional.

Esta garantía establece que un legislador no pueda ser encarcelado durante su mandato, a menos que haya sido desaforado, pero sí puede avanzar el resto del proceso judicial. Por otro lado la misma prohíbe los allanamientos en domicilios y oficinas de los legisladores que enfrenten alguna acusación judicial.

Según Andrés Gil Domínguez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires (UBA), "El proceso judicial continúa, e incluso puede llegar a una condena penal. Lo que no se puede disponer es una medida privativa de la libertad" declaró a un medio local.

El ex titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) de este país, Manuel Garrido, ya en el 2015 había declarado a la prensa que "en la Argentina no tiene sentido pensar en eliminar los fueros, ya que las investigaciones se pueden realizar y garantiza la libertad para el trabajo del legislador, al impedir posibles abusos del Poder Judicial, que podría estar cooptado por el Ejecutivo, como es el caso en Venezuela".

Tras un proceso judicial completo y para que pueda darse el arresto de la persona, deberá realizarse el desafuero y se necesitan dos tercios de los votos de la Cámara en cuestión.

¿Puede un legislador renunciar a los fueros?

Siguiendo con las declaraciones de Tow, asegura que los fueros son del cuerpo legislativo y no de sus miembros individuales. Solo el cuerpo puede quitarlos, y por causales específicas y restringidas.

Silvia Lospenatto, diputada del bloque oficialista y en referencia a lo sucedido, aseguró que la renuncia a estos fueros "es una estafa mediática que burla a los ciudadanos"; "Si un juez quisiera detenerlos igual tendría que pedir a la Cámara su desafuero". "Los fueros son individualmente irrenunciables, son una garantía constitucional y quitarlos es una decisión de la Cámara que debe decidir esto a requerimiento de un juez", agregó.

En Argentina, mayormente el problema que involucra denuncias de actos de corrupción está más relacionado con la larga duración de las investigaciones, que con los fueros. No existen muchos casos en los que legisladores hayan sido condenados y no se los haya podido encarcelar a causa de los fueros. Un caso emblemático fue el de Carlos Saúl Menem, (ex presidente) por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia y pasaron muchos años sin una condena firme, eso dejo en evidencia que incluso sin el cargo de senador, tampoco habría ido a prisión.